La temporada vacacional de fin de año podría verse empañada por un escenario de caos carretero. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga ( CANACAR ) encendió las alertas ante la posible reanudación de bloqueos en carreteras estratégicas del país, anunciados por campesinos y transportistas inconformes, justo cuando se incrementa de forma significativa la movilidad de personas y mercancías.
Suministro de alimentos y combustibles quedarían en riesgo, advierten
El organismo empresarial advirtió que estas acciones no solo afectarían al sector transporte, sino que tendrían consecuencias directas para millones de personas.
En un periodo clave para la economía nacional, los bloqueos vulnerarían el derecho constitucional al libre tránsito y pondrían en riesgo el abasto oportuno de bienes esenciales.
CANACAR subrayó que la paralización deliberada de carreteras generaría retrasos logísticos, pérdidas económicas millonarias y un posible desabasto de alimentos, medicamentos y combustibles, justo cuando la demanda aumenta por las fiestas decembrinas.
Bloqueos podrían disparar precios y generar escasez de insumos básicos
De acuerdo con la Cámara, el autotransporte de carga es un eslabón estratégico para el funcionamiento del país, ya que por esta vía se moviliza la mayor parte de los insumos básicos.
Cualquier interrupción compromete de forma inmediata la estabilidad de la cadena de suministro, lo que puede derivar en aumentos de precios, escasez de productos y afectaciones a sectores como el comercio, el turismo y los servicios.
Además, millones de familias podrían quedar varadas o verse impedidas de llegar a sus destinos, generando un escenario de caos generalizado en una de las temporadas con mayor flujo vehicular del año.
¿Qué exigen campesinos y transportistas?
Las protestas anunciadas tienen su origen en demandas acumuladas por ambos sectores, quienes aseguran que el Gobierno no ha cumplido acuerdos previos y que sus condiciones económicas y de seguridad se han deteriorado.
Entre sus principales exigencias destacan:
- Precios justos y precios de garantía para los productos del campo, ante el aumento de costos de producción como fertilizantes, semillas y diésel.
- Mayor seguridad en carreteras y zonas rurales, debido al incremento de robos, extorsiones y otros delitos.
- Respeto a acuerdos firmados y establecimiento de mesas de diálogo efectivas con autoridades y legisladores.
- Inclusión del sector rural en decisiones legislativas que impactan directamente su actividad.
Rechazo a la nueva Ley de Aguas en México
Uno de los principales detonantes de las movilizaciones es el rechazo a la nueva Ley de Aguas. Productores del campo advierten que esta iniciativa pone en riesgo el acceso al recurso para uso agrícola y amenaza su patrimonio, la producción nacional y la defensa de la tierra.
Los campesinos acusan que la propuesta se ha impulsado sin una consulta amplia al sector rural y temen que priorice intereses industriales o privados, lo que podría profundizar la desigualdad en el campo y provocar mayor migración forzada.
