La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) destinó alrededor de 775 millones de pesos para la impresión de más de 600 millones de boletas en la elección judicial de 2025, de las cuales la mayoría no fue utilizada debido al bajo nivel de participación ciudadana.

De acuerdo con el informe de fiscalización, cerca del 86.8% del material electoral impreso terminó siendo destruido conforme a la normativa vigente, tras registrarse una participación aproximada del 13% del padrón electoral en la jornada en la que se renovó el Poder Judicial.

Tras las observaciones del órgano auditor, el INE emitió un comunicado en el que defendió su actuación y sostuvo que la impresión del material electoral no se basó en estimaciones de participación, sino en cifras oficiales de la Lista Nominal de Electores.

Elección judicial: Un proceso con participación mínima y costo millonario

Los comicios de 2025 fueron el primer ejercicio en los que la ciudadanía eligió directamente a integrantes del Poder Judicial federal.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una participación históricamente baja: 87 de cada 100 ciudadanos inscritos en la Lista Nominal no acudieron a las urnas.

Este nivel de abstención tuvo un impacto directo en el volumen de boletas utilizadas, dejando sin uso cientos de millones de papeletas cuyo costo ahora es objeto de revisión por parte de la ASF.

ASF ordena investigaciones por posibles irregularidades

El informe de la Cuenta Pública también incluye observaciones sobre el proceso de contratación para la impresión del material electoral y ordena la apertura de procedimientos administrativos para determinar posibles responsabilidades.

El señalamiento no sólo pone bajo la lupa el gasto en boletas no utilizadas, sino también la planeación de un proceso que, pese a su carácter histórico, registró una participación sumamente baja.

INE: la ley obliga a imprimir con base en la Lista Nominal

En su posicionamiento, el Instituto Nacional Electoral argumentó que la legislación electoral obliga a prever suficientes boletas para garantizar el derecho al voto de todas las personas inscritas en la Lista Nominal, independientemente del nivel de participación que finalmente se registre.

El Instituto también recordó que la destrucción de boletas sobrantes es una obligación legal una vez concluido el proceso electoral, como medida de seguridad y control del material.

No obstante, el debate público se ha centrado en si la elección judicial estuvo acompañada de una adecuada planeación presupuestal frente a un escenario de evidente desinterés ciudadano.

Elección judicial bajo escrutinio

El señalamiento de la ASF reaviva la discusión sobre el costo, la organización y la legitimidad social del proceso por el cual se renovó el Poder Judicial.

Mientras el INE insiste en que actuó conforme al marco legal, el nivel de abstención y el volumen de recursos ejercidos mantienen abierta la conversación sobre la viabilidad y el impacto de este modelo de elección.