Hace exactamente 32 años, el pulso de México se detuvo en un mitin político en Tijuana, Baja California. El 23 de marzo de 1994, mientras sonaba la canción "La Culebra", dos disparos —uno en la cabeza y otro en el abdomen— terminaron con la vida de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI. Hoy, tras tres décadas de investigaciones, el caso sigue representando el hito que cambió el rumbo del país y una justicia que, para la sociedad, permanece inconclusa.
Aquel crimen en Lomas Taurinas no solo eliminó al favorito para suceder en la presidencia, sino que rompió las reglas no escritas de la violencia política en México, abriendo una caja de Pandora de inseguridad y desestabilización que dio paso a la aparición de grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y, eventualmente, a la consolidación de estructuras criminales como los Zetas.
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El laberinto judicial: 68 mil hojas y ninguna certeza
A pesar de que Mario Aburto fue detenido y sentenciado como el autor material, la tesis del "asesino solitario" nunca logró convencer a una ciudadanía que sospecha de autores intelectuales en las sombras del poder. La investigación ha sido un desfile de recursos y burocracia sin precedentes:
- Seis presidentes han pasado por el Ejecutivo desde el suceso.
- Seis fiscales especiales han intentado cerrar el caso.
- Se han agotado al menos 31 líneas de investigación.
- El expediente suma más de 68 mil fojas y casi mil declaraciones.
A lo largo de estos 32 años, las anomalías procesales han alimentado teorías sobre un "segundo tirador", contradiciendo dictámenes periciales oficiales y manteniendo viva la duda sobre quién dio la orden final aquel miércoles de marzo.
Un parteaguas en la estructura del Estado
El magnicidio de Colosio marcó el inicio de una crisis política que incluyó asesinatos relacionados y una creciente interpenetración del crimen organizado con las estructuras del Estado. La figura de Colosio ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de lo que "pudo ser" y de las deficiencias de un sistema de justicia que no ha podido —o no ha querido— esclarecer la verdad absoluta detrás de los disparos en Tijuana.
