Un juez del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos ordenó al gobierno iniciar el proceso para devolver millones de dólares a empresas importadoras, luego de que la justicia determinara que varios aranceles aplicados por la administración de Donald Trump fueron recaudados de manera ilegal.
La resolución obliga a las autoridades aduaneras a calcular los montos pagados por envíos que ingresaron al país bajo ese esquema fiscal y a preparar reembolsos para las compañías afectadas.
El fallo surge después de que la Corte Suprema concluyera el mes pasado que parte de esos gravámenes se aplicaron fuera de las facultades legales del Ejecutivo, lo que abrió la puerta a reclamaciones de importadores que ahora buscan recuperar el dinero.
Devoluciones deberán incluir intereses
La orden judicial establece que los reembolsos a importadores no sólo deberán cubrir los aranceles cobrados de forma indebida, sino también intereses acumulados.
El juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, determinó que el gobierno deberá calcular cuánto pagaron las empresas.
La inclusión de intereses podría elevar significativamente el monto total de las devoluciones, que analistas estiman en millones de dólares debido al volumen de importaciones afectadas.
Empresas piden un proceso sencillo para recuperar el dinero de los aranceles
Importadores y grupos empresariales han pedido al gobierno que el proceso de devolución sea lo más simple posible.
Las compañías argumentan que un sistema complejo obligaría a miles de empresas a iniciar procedimientos legales adicionales para recuperar los pagos realizados.
Por ello, buscan que las autoridades establezcan un mecanismo administrativo que permita devolver los recursos sin necesidad de litigios prolongados.
El fallo de la Corte Suprema que cambió todo
La orden del juez Eaton llega después de que la Corte Suprema de Estados Unidos concluyera que varios aranceles impuestos por la administración Trump se aplicaron sin el sustento legal suficiente.
Esos impuestos formaban parte de la estrategia comercial para presionar a otros países en negociaciones económicas.
Tras la decisión del máximo tribunal, empresas importadoras comenzaron a reclamar la devolución del dinero pagado, lo que abrió una nueva batalla legal sobre cómo y cuándo el gobierno debía reembolsar esos recursos.
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