¿Adiós a la libertad de expresión en México? El control de la información con la Ley de Telecomunicaciones
La Agencia de Transformación Digital tendrá poder suficiente para determinar qué voces hablan a favor o en contra del gobierno.
A unos días de conmemorarse el Día de la Libertad de Expresión, este 7 de junio, especialistas cuestionan el futuro de este derecho en México.
Y es que la Ley Censura de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla un complejo entramado legal para regular a los medios de comunicación.
Agencia de Transformación Digital y el poder de la información
De entrada, le da todo el poder a uno de sus consentidos: José Peña Merino, titular de la autodenominada Agencia de Transformación Digital.
“Sobre todo está dándole, digamos, un diseño, donde hay una especie de censura institucionalizada, ¿por qué se dice censura?, porque le transfiere al Estado amplísimas facultades para controlar contenidos, para restringir la libertad de expresión”, expresó Claudia Aguilar Barroso, constitucionalista consultada por Fuerza Informativa Azteca (FIA).
Libertad de expresión y las voces en contra del gobierno
Las decisiones de Peña Merino, advierten, estarán más sujetas al interés político que a la complejidad de la regulación en telecomunicaciones.
Además, el órgano dependiente directamente del Poder Ejecutivo, es decir, de la Presidenta, tendrá poder suficiente para determinar qué voces hablan a favor o en contra del gobierno.
“Darle beneficios a los medios que puedan ser favorables y castigar a los medios que puedan no ser favorables al oficialismo, entonces, si se ve y se advierte por muchísimas organizaciones que esta nueva ley, que esta nueva Ley de Telecomunicaciones, es un riesgo para la libertad de expresión”, opinó en entrevista con FIA, Alonso Zepeda, abogado en telecomunicaciones.
Aunque la Presidenta ha reiterado que hoy en México hay plena libertad de expresión, lo cierto es que de aprobarse su ley, la tentación de controlar el discurso público será mayúscula.
El peligro de esta ley, alertan los expertos, es para los ciudadanos."Se vuelve incompatible con un orden democrático por la intervención previa del Estado en la difusión de las ideas, como está previsto en esta iniciativa de ley”, añadió la constitucionalista Claudia Aguilar Barroso.
