A nueve meses de la tragedia ocurrida en el Parque Bicentenario, el dolor y la exigencia de justicia volvieron a hacerse presentes. Diana Jonas, hermana de Miguel Ángel Hernández —fotógrafo de 26 años que perdió la vida el 5 de abril de 2025 durante la cobertura de un festival de música— denunció la insensibilidad de una publicación difundida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (CDMX) y el Museo Archivo de la Fotografía.
Miguel Ángel Hernández murió cuando una estructura utilizada como punto de encuentro y seguridad colapsó y le cayó encima. En el mismo hecho también falleció su compañera y amiga, la fotógrafa Berenice Giles Rivera, de 28 años. Ambos se encontraban trabajando en un evento autorizado por las autoridades capitalinas.
El reclamo por un anuncio de la Secretaría de Cultura de la CDMX: “desconectado de la realidad”
La inconformidad de Diana Jonas se detonó tras la difusión del taller titulado “Fotografía de conciertos (¿y no morir en el intento?)”, promovido por la Secretaría de Cultura de la CDMX. Para la familia, el mensaje no solo resulta desafortunado, sino que evidencia una profunda desconexión institucional con la realidad que enfrentan quienes trabajan en coberturas de eventos masivos . Mientras que la institución ya retiró el posteo y no ha emitido ninguna declaración al respecto.
En un pronunciamiento público, Diana expresó que el anuncio “lejos de promover la cultura, exhibe la profunda desconexión institucional con el dolor que seguimos enfrentando las familias de quienes sí murieron en el intento”. Recordó que su hermano falleció hace apenas nueve meses en un concierto avalado por las mismas instituciones que ahora utilizan esa frase como gancho promocional.
“No se vale”: una denuncia directa contra la Secretaría de Cultura de la CDMX
El mensaje de la hermana del fotógrafo fue contundente. “Y no. No se vale”, escribió, al denunciar que no es aceptable usar la muerte como un recurso “cool” de mercadotecnia, ni romantizar riesgos que, aseguró, son consecuencia directa de negligencias y no de supuestos “escenarios complejos”.
También cuestionó que se ofrezcan talleres mientras —según expuso— un proceso penal permanece detenido por un amparo que impide avanzar hacia la justicia. A ello sumó la crítica a que la ciudad continúe produciendo espectáculos sin garantizar condiciones dignas y seguras para quienes trabajan en ellos, particularmente fotógrafos, técnicos y personal de producción.
La exigencia de condiciones seguras y justicia para los fotógrafos
Para Diana Jonas, la fotografía de conciertos no debería ser un acto heroico ni implicar el riesgo de perder la vida . Subrayó que debe ser una labor con garantías reales, protocolos claros y una responsabilidad institucional firme frente a la vida humana.
“Hago este pronunciamiento con dolor, con respeto y con la claridad de que la memoria de Migue y de Bere no puede ser ignorada mientras la industria cultural sigue adelante como si nada hubiera pasado”, señaló.
El taller que desató la polémica por la muerte de los fotógrafos
La publicación cuestionada promociona un taller que busca enseñar técnicas para cubrir conciertos y eventos masivos, impartido por el fotógrafo Alex Medina, con fechas programadas para el 19 y 26 de enero de 2026. Aunque el contenido formativo no fue el centro del reclamo, sí lo fue el lenguaje utilizado para difundirlo.
Para las familias de las víctimas, la ciudad necesita mucho más que talleres: requiere verdad, justicia y un compromiso real con la seguridad de quienes trabajan en la industria cultural. Hasta que eso ocurra, advirtieron, seguirán alzando la voz.
¿Qué ha pasado con el caso de Miguel Ángel Hernández y Berenice Giles?
A nueve meses de la tragedia ocurrida en el Parque Bicentenario , el proceso legal por la muerte de Miguel Ángel Hernández y Berenice Giles Rivera permanece estancado. De acuerdo con lo denunciado por sus familiares, un amparo ha frenado la audiencia de vinculación a proceso, lo que ha impedido que se señale públicamente a las empresas presuntamente responsables de la caída de la grúa donde ambos fotógrafos perdieron la vida.
Este recurso legal no solo ha retrasado el avance judicial, sino que también ha generado opacidad en el caso, al proteger intereses y evitar que se conozcan responsabilidades claras sobre las condiciones de seguridad del evento. Para las familias, la falta de avances representa una segunda forma de violencia institucional: el silencio.
En este contexto, la exigencia de justicia se mantiene activa a través del llamado @justicia.paramiguel , una consigna que busca mantener viva la memoria de Miguel Ángel y evitar que el caso quede en el olvido. Sus seres queridos insisten en que no se trata únicamente de un proceso legal, sino de sentar un precedente para que la industria del entretenimiento garantice condiciones seguras para quienes trabajan en conciertos y festivales.
